Desplazamiento forzado en Chihuahua crece 200 por ciento en cinco años, alertan organizaciones civiles

Local | 01 de Junio de 2026

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El desplazamiento forzado interno (DFI) en Chihuahua se ha incrementado de manera alarmante en los últimos cinco años. Aunque no existen cifras oficiales por parte de las autoridades, organizaciones civiles estiman que en 2021 se registraron alrededor de 500 personas desplazadas, mientras que para 2025 la cifra superó las mil 500 personas, lo que representa un aumento cercano al 200%. En este 2026, la tendencia continúa al alza. Integrantes de la Misión Civil de Observación señalaron que, hasta el momento, el Gobierno Federal no ha intervenido de manera efectiva para atender esta problemáticaque afecta principalmente a comunidades rurales y serranas del estado. Los integrantes de la MCO indicaron que actualmente, se tiene un registro de al menos 11 mil 534 personas desplazadas en Chihuahua; sin embargo, aclararon que se trata de datos construidos por organizaciones y colectivos, debido a que la autoridad sigue negando la situación que enfrentan en diversas regiones del estado y del país.  

demás, advirtieron que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que existen numerosas víctimas que no denuncian por miedo, desconfianza o por las condiciones de violencia en las que viven. “No tenemos una dimensión exacta de cuántas personas han sido desplazadas ni desde hace cuánto tiempo ocurre este fenómeno”, señalaron.

Entre las principales causas del desplazamiento forzado interno destacan el despojo de tierras y territorios, la expansión de proyectos extractivos y megaproyectos mineros, así como elreclutamiento forzado, los asesinatos de familiares y el control territorial ejercido por grupos criminales. 

Habitantes de la región conocida como el Triángulo Dorado enfrentan invasiones constantes en sus comunidades y sobreviven en un contexto marcado por la violencia. De acuerdo con testimonios recabados por la misión, muchas personas son obligadas a realizar trabajos forzados e incluso viven bajo condiciones de esclavitud. Las infancias, añadieron, describen su entorno como una guerra que les ha arrebatado la tranquilidad y los medios de sustento.

Violencia generalizada

Los integrantes de la Misión Civil de Observación compartieron los hallazgos preliminares de la visita a los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua. Mariana Villareal Frías, responsable del Fondo de Emergencia de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), señaló que las víctimas del desplazamiento forzado han quedado atrapadas entre la violencia armada y la falta de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Denunciaron la falta de atención integral hacia las personas víctimas de desplazamiento forzado interno en Chihuahua.

Indicaron que las víctimas han perdido no solo sus viviendas y pertenencias materiales, sino también derechos fundamentales, identidad, dignidad y seguridad, mientras continúan viviendo en condiciones precarias.

Tras los recorridos en comunidades afectadas, los representantes sostuvieron reuniones con instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y diversas dependencias estatales, a quienes expusieron los testimonios y necesidades de las familias desplazadas. Sin embargo, denunciaron que otras autoridades no respondieron a las solicitudes de reunión o rechazaron recibirlos, como el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez.

Los integrantes de la misión criticaron que exista una constante falta de responsabilidad entre instituciones federales y estatales para atender el problema, mientras las familias desplazadas permanecen sin acceso suficiente a alimentos, vivienda, documentos oficiales y oportunidades laborales. Señalaron que el temor a represalias continúa impidiendo que muchas víctimas denuncien públicamente su situación, por el riesgo que representa para su integridad y su vida.

 

Integrantes de Misión Civil de Observación / Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Hay un sello de impunidad

Actualmente, existen al menos 60 carpetas de investigación con señalamientos directos a los causantes del desplazamiento, como son funcionarios locales, elementos de seguridad e incluso el Ejército han saqueado viviendas y mantienen relaciones de colusión con los criminales. 

Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red TDT, indicó que hasta el momento, no hay perpetradores detenidos y la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en Chihuahua crece. 

Víctor Hugo señaló que persisten la impunidad, la criminalización de víctimas y la falta de coordinación entre autoridades para atender el fenómeno. Uno de los principales problemas detectados es la criminalización de las personas desplazadas, especialmente por parte de algunas autoridades, quienes suelen relacionarlas con grupos del crimen organizado. Sin embargo, afirmó que los testimonios recabados muestran que muchas familias huyeron de sus comunidades para evitar ser reclutadas, torturadas, asesinadas o desaparecer, en medio de una disputa territorial que las infancias describen como “una guerra silenciada”.

López Rodríguez destacó que entre los patrones de violencia identificados se encuentran el reclutamiento forzado, tortura, asesinatos, desapariciones y desplazamiento interno, afectando principalmente a comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. Indicó que numerosas familias abandonan sus rancherías y comunidades dejando atrás sus pertenencias, animales, actividades productivas y formas de vida para resguardar su seguridad.

El representante de la Red TDT explicó que la mayoría de las personas desplazadas son mujeres, niñas y niños, quienes enfrentan graves afectaciones emocionales, culturales y económicas al llegar a ciudades donde carecen de vivienda estable, atención médica, alimentos y oportunidades laborales. Añadió que muchas personas indígenas tienen dificultades adicionales por las barreras del idioma y la falta de acceso a servicios básicos.

Asimismo, denunció que existe un fuerte nivel de impunidad en torno a estos casos, pese a que se tiene registro de al menos 60 carpetas de investigación relacionadas con desplazamiento forzado en la entidad. Indicó que solo una de estas denuncias ha sido judicializada, mientras que en varios testimonios se señala incluso la presunta participación o colusión de autoridades y fuerzas de seguridad con grupos del crimen organizado.

Las organizaciones civiles alertaron sobre casos de retornos forzados de familias desplazadas a comunidades donde continúan las condiciones de violencia, situación que habría derivado en nuevos hechos delictivos, incluidos asesinatos y desapariciones. López Rodríguez subrayó que las organizaciones no buscan únicamente señalar omisiones gubernamentales, sino colaborar en la construcción de estrategias integrales que garanticen protección, atención humanitaria y soluciones duraderas para las personas desplazadas.

Conclusiones preliminares

Defensores de derechos humanos advirtieron que la falta de una estrategia integral está agravando la crisis humanitaria en comunidades desplazadas de Chihuahua, Durango y Sinaloa, indicó Saulo Noel Loya Valenzuelam, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. 

Señaló que existe una fragmentación total en la respuesta institucional para atender a las familias desplazadas por la violencia en la Sierra Tarahumara y la región del Triángulo Dorado. Tras recorrer distintas ciudades del estado y dialogar con alrededor de 200 personas afectadas, llegaron a la conclusión de que las acciones implementadas por autoridades municipales, estatales y federales resultan insuficientes y carecen de coordinación.

Durante la presentación de hallazgos preliminares, las organizaciones propusieron la creación de una mesa interinstitucional en la que participen los tres niveles de gobierno, así como organismos civiles y colectivos locales, con el objetivo de generar una estrategia integral de atención. Indicaron que uno de los principales problemas es la ausencia de liderazgo para coordinar esfuerzos, pese a que funcionarios de distintos niveles han mostrado disposición para colaborar.

Los defensores señalaron que la violencia en la Sierra de Chihuahua continúa provocando desplazamientos masivos debido a amenazas, asesinatos, desapariciones, tortura, reclutamiento forzado y despojo de territorios por parte del crimen organizado. Muchas familias deciden abandonar sus comunidades aún sin haber sufrido ataques directos, debido al temor de que sus hijos sean reclutados o de ser víctimas de agresiones.

Asimismo, documentaron las precarias condiciones en las que sobreviven las personas desplazadas en ciudades, donde varias familias habitan en espacios reducidos, sin ventilación, muebles básicos ni acceso adecuado a servicios de salud, educación, empleo, agua potable y electricidad.  Otro de los puntos señalados fue la falta de atención efectiva en materia de procuración de justicia. Indicaron que existen carpetas de investigación y sentencias relacionadas con desplazamiento forzado, pero muchas no avanzan o presentan simulación de cumplimiento, lo que alimenta un patrón de impunidad en la región serrana. 

Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado urgente al Estado mexicano para asumir plenamente la atención del desplazamiento forzado interno, al advertir que la crisis seguirá creciendo si no se atienden las causas estructurales de la violencia. Reconocieron además el trabajo de colectivos y organizaciones locales de Chihuahua que, con recursos limitados, continúan brindando apoyo humanitario a las familias desplazadas y acompañando a las comunidades afectadas. Fuente; Heraldo de Chihuahua